El martes 15 de mayo a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini – Av. Corrientes 1543 – Sala Dubrovsky (3º piso) – se llevará a cabo del debate titulado “Politicas culturales y patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires: experiencias de organización y lucha vecinal en las Comunas”.

Los disertantes serán: Mónica Capano (Secretaria General de la Comisión para la preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad); Edgardo Form (Legislador de la Ciudad por Nuevo Encuentro , integrante de la comisión de Cultura); Walter Ordoñez y Alberto Dileo(Vecinos de Mataderos por el Cine del Plata); Carlos Salatino (Vecinos por el Cine Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza). Coordina: Luis Sanjurjo.

El Área de Políticas Culturales, en el marco de la conmemoración de los 10 años del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, invita al ciclo de charlas “Diez debates en Políticas Culturales en los diez años del CCC”. Vecinos, militantes, artistas, especialistas en cultura y gestores culturales compartirán sus experiencias y propuestas en los barrios de Buenos Aires sobre qué política cultural tenemos y qué política cultural queremos.

El miércoles 25 de abril, entre la boiserie y las arañas de cristal del salón San Martín de la Legislatura porteña, se celebró la Audiencia Pública para salvar de la piqueta al tradicional cine Gaumont, de avenida Rivadavia 1635.

El peligro de la demolición surgió cuando los dueños del edificio Gaumont decidieron no renovar el contrato de alquiler con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que vence en el 2013. Intervino entonces la presidenta del INCAA, Liliana Mazure, que elaboró un proyecto de “Protección Estructural al cine Gaumont”. Este proyecto fue tomado e impulsado por el legislador porteño Juan Cabandié (FPV) y se tramita con el expediente Nº 1982/2011 para convertirlo en Ley. En este proceso, y dado que el Gaumont forma parte de la memoria y del quehacer cultural de nuestra comunidad, se convocó a la Audiencia Pública. Una herramienta participativa y horizontal, que permitirá a los funcionarios enriquecer el proyecto de protección con las opiniones y las distintas voces de la comunidad.

Las voces
Alejandro Sammaritano (director de Cine Club Núcleo): Resaltó la importante difusión del cine argentino independiente que se hace en el cine Gaumont. “Esto genera la fuente de trabajo de una industria”, dijo. Y señaló que Cine Club Núcleo, la entidad creada por su padre, Salvador Sammaritano, hace casi 60 años y que fuera declarada de interés cultural por la Legislatura, tiene su sede en el cine Gaumont. Dijo además, que “el cine tiene la pantalla más grande de Sudamérica y una lámpara de 7000 W que permite proyecciones de muy alta calidad”.

Gabriel De Bella (arquitecto y vecino de Floresta): De Bella forma parte de los vecinos del barrio de Floresta que están luchando por la recuperación del cine Gran Rivadavia, en Rivadavia 8636. Invocó la Ley 1227 de Protección al Patrimonio, que defiende la identidad y la memoria colectiva. Recalcó la necesidad y el derecho de la comunidad de congregarse frente a una pantalla “para ver nuestras películas y nuestras historias”.

Ana Celentano (actriz): Leyó un texto de la Asociación Argentina de Actores, donde se destaca el patrimonio arquitectónico y también la actividad cultural de la sala Gaumont, “centro neurálgico del INCAA, que hace posible la industria cinematográfica nacional y profundiza la diversidad cultural”.

Pablo Echarri (actor): Habló de la deslealtad del cine norteamericano y la importancia del INCAA para fortalecer la actividad del cine nacional. Y habló de la importancia de conocer, instruirse y reflexionar al ver en la pantalla nuestras propias historias. “Eso, casi intangible, es el valor de la cultura”, dijo.

Luis Puenzo (director de cine): “El cine Gaumont es el primero de los espacios INCAA, el número 1, el espacio de cabecera, de los 45 espacios INCAA que hay en todo el país. Si desapareciera podrían desaparecer los otros, podría caer todo el sistema de difusión del cine nacional”.

Hernán Gaffet (director de cine y miembro de la Cinemáteca): Describió al cine como una categoría de documento y lo enfrentó al mercado audiovisual, que sólo busca a la masa y el consumo. El cine apunta a la transformación emocional e intelectual de las personas, dijo. “Toda película, vista en el lugar para el que fue concebida: la sala cinematográfica, es una clase de historia, un puente entre generaciones. Y así como una película no es menos que un libro, un cine no es menos que una biblioteca o una escuela”.

Leona Engina (acomodadora del cine Gaumont): Se presentó como personal de maestranza, empleada del INCAA y acomodadora desde hace tres meses. Dijo venir en representación de todos sus compañeros, para preservar la fuente de trabajo, y para que siga el cine.

Pablo Mazzola (coordinador artístico de la red de espacios INCAA): Avaló la opinión de Luis Puenzo y señaló que hay una gran demanda de pantallas en el país para proyectar cine nacional y latinoamericano. Dijo que el Gaumont tiene tres pantallas muy concurridas, y que la perspectiva de este año es superar los 500.000 espectadores.

Osvaldo Casella (organizador del Festival Internacional del Cine Político): “No existe otro lugar que el cine Gaumont y los demás espacios INCAA para celebrar un festival de cine político”, dijo. Definió al Gaumont como imprescindible y confía en el arribo de una Ley para su protección, pero advirtió sobre las costumbres del jefe de gobierno porteño, que ha sido caracterizado como “vetador serial” o afectado por el “síndrome del veto precoz”. Por último, enunció un proyecto para la difusión del cine nacional, poniendo en juego las salas disponibles en cada Comuna y creando una programación para toda la Ciudad. Apuntó con esto a una difusión del cine comprometido y a generar una soberanía cultural.

Graciela Borges (actriz): “Yo nací al lado del cine Gaumont, pegadita, en un edificio francés, donde ahora vive Adriana Aizemberg, y la primera palabra que dije fue ‘luz’ (…) “Entre las cosas que amo está ver cine. Las películas, desde mi adolescencia en Dolores, me llenaban la cabeza y el corazón de pensamientos distintos y maravillas” (…) “El cine fue una referencia de los momentos de mi vida, cuando hice esa película tenía aquel novio, en aquella escena estaba mal dormida” (…) “Quiero que los cines queden abiertos, que sigamos gozando, porque son un espejo. El cine Gaumont es un referente enorme y maravilloso. Debemos apoyarlo. Si no apoyamos lo que tenemos en la vida, nos va a ir mal”.

Ana María Picchio (actriz): No estaba en la lista de oradores, fue invitada por Graciela Borges, y pidió disculpas por presentarse en zapatillas. “Yo he visto caer teatros: el Odeón, el Astros, el Politeama, el Gran Splendid, tantos otros… Y no podíamos hacer nada; hasta que ahora este santo de Juancito (en referencia al diputado porteño Juan Cabandié) impulsa una ley para protegerlos”.

Pablo Flores Brañez (miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 1): Advirtió que el cine Gaumont está en la Comuna 1 y tomó la propuesta de Osvaldo Casella para habilitar las salas disponibles en las Comunas para difundir el cine nacional ante el avance de la cadena estadounidense Cinemark, “que acaba de comprar a la cadena Hoyts y ya tiene 1250 cines en el país”, dijo.

Gerardo Gómez Coronado (defensor adjunto del pueblo de la Ciudad): Señaló que la preservación del patrimonio cultural tiene rasgo constitucional; pero además, preservar la cultura es construir ciudadanía. Y pidió a los legisladores, “que si bien no tienen atribuciones para legislar sobre la difusión del cine nacional, sí pueden poner en el articulado de la Ley: garantizar el uso cine”.

Mónica Capano (secretaria general de la Comisión para la Preservación Histórica cultural de Buenos Aires): “En la Comisión de Patrimonio hablamos de sacralidad de sitio cuando nos referimos a un espacio donde se produce cultura” (…) “La destrucción de referentes como monumentos, centros culturales, cines, teatros, tiene enormes consecuencias en los mapas cognoscitivos y emocionales de los habitantes”. Y habló a continuación de la protección estructural y la protección de uso. “La significación cultural se corporiza en el sitio propiamente dicho y en su uso. Cuando el uso de un sitio es de significación cultural, como en el caso del Gaumont, entonces debe mantenerse.

La Audiencia Pública terminó a sala llena y en un aplauso cerrado. Las voces habían dicho todo o casi todo. El público se iba distendido, con la sensación del deber cumplido. Algunas señoras se sacaban fotos con Pablo Echarri, otro grupo hablaba con Puenzo, y otro con Graciela Borges y Ana María Picchio. Periódico VAS le preguntó a Juan Cabandié cómo seguiría el proceso de la construcción de la Ley. “El Proyecto será tratado en comisión, y una vez aprobado, pasará al recinto”, respondió.

La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires acompañará el proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad referente a la catalogación, con nivel de protección cautelar, a la Sede histórica del Club Ferrocarril Oeste, sita en Federico García Lorca 350; y con nivel de protección estructural, al edificio Platea y Gimnasio Ricardo Etcheverry, sito en Avellaneda 1240.

La iniciativa fue presentada por el Diputado Martín Hourest (MC) y la Audiencia Pública correspondiente a la misma se realizará el próximo miércoles 2 de mayo a las 14.30 en el Salón San Martín de la Legislatura Porteña.

La Comisión señala la importancia de catalogar bienes de indudable valor cultural que, aun refuncionalizados, pueden continuar proyectando toda su carga simbólica en la medida en que son “apropiados y reapropiados” por los/as vecinos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Sede Social de Ferrocarril Oeste data de 1925 y se ha constituido como pieza fundamental dentro de la percepción del paisaje urbano del barrio de Caballito. Su estilo ecléctico presenta rasgos que en su mayoría se clasifican como neo-tudor, ligando al edificio a la tradición británica de los revivals arquitectónicos.
El edificio del club se compone de volúmenes puros con planos de ladrillo visto, uno de los cuales se establece en el centro y es escoltado asimétricamente por dos salientes laterales. La ornamentación pintada de blanco se dispone copiosamente sobre estos planos mudos color terracota. Las referencias al medioevo son numerosas: las almenas coronan todas las azoteas y por detrás de la fachada asoma una típica torre cuyas aristas se resuelven en una falsa sillería de piedras pintadas de blanco.
Gracias a su estilo distintivo y al significado que el edificio tiene en la vida barrial y en el paisaje urbano, en 2005 este edificio fue declarado sitio de interés cultural por el GCBA.

El arqueólogo Marcelo Weissel, Director del Programa Historia Bajo las Baldosas de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, participó de las excavaciones en el marco del proyecto “Equipos y prácticas arqueológicas para la Escuela Taller, Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Cuba”, desde el 29 de febrero al 29 de marzo de 2012. La iniciativa contó con la subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La participación desarrolló la Cooperación Técnica Arqueológica, y la Cooperación Internacional, Argentina, el Intercambio de publicaciones con comunicación y desarrollo de contenidos culturales.
Con este trabajo el equipo de la Comisión desarrolló actividades de excavación arqueológica de inusual intensidad, dada la escala de la inversión de recursos humanos y económicos que se enfocaron en uno de los temas principales de la arqueología histórica cubana y del mundo moderno: el inicio y la continuidad de las relaciones sociales en la historia latinoamericana, cuyo caso en Pueblo Viejo de Nuevitas, representa una de sus claves.
La experiencia desarrollada ha sido de primer nivel internacional, compartiendo las realidades y dificultades de la investigación científica en arqueología. En este sentido, los resultados de gabinete ofrecerán aún más perspectivas de conocimiento cultural, lo que reforzará las voluntades para avanzar en el trabajo minucioso y profundo con diferentes fuentes de información.que servirán para la recreación de los ciudadanos y su educación patrimonial.

El próximo miércoles 25 de abril a las 14.30 se realizará en al Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad la audiencia pública correspondiente al Expediente Nº1982-D-2011 referente a la catalogación con nivel de protección estructural del Cine Gaumont, sito en Av. Rivadavia 1635.

El Gaumont, inaugurado en 1946, toma el nombre de la casa de distribución de filmes que homenajeaba a Leon Gaumont (1864-1946) inventor del chronófono, que permitía la sonorización sincrónica de las películas.
Ubicado en Av. Rivadavia 1635, en uno de los laterales de la Plaza de los Dos Congresos, tiene una fachada de estilo racionalista que intercala bandas verticales de ladrillos vista con ladrillos de vidrio, lo que permite la iluminación de su vestíbulo. Cuenta con una platea en P.B. y dos pisos (Pullman y Superpullman).
En 1956 se adapta para el sistema Cinemascope y dos años después para el Cinerama que proyectaba la película en una pantalla curva que envolvía al espectador y le daba la sensación de participar en ella.
En 1995, de acuerdo a la tendencia vigente, se divide en tres salas y en 2003 es alquilado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (I.N.C.A.A.) que lo transforma en el Espacio INCAA Km.0, uno de los más importantes polos para la difusión del cine nacional.
Será fundamental que se hagan presenten todos los vecinos que consideren de real importancia la preservación de la mencionada sala.

La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires resuelve:
1. Acompañar el proyecto referente a la catalogación, con nivel de protección estructural, del inmueble sito en Av. Rivadavia 1635, donde funciona el Cine Gaumont.
2. Señalar la importancia de catalogar bienes de indudable valor cultural que, aun refuncionalizados, pueden continuar proyectando toda su carga simbólica en la medida en que son “apropiados y reapropiados” por los/as vecinos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Solicitar que, en los procesos de catalogación, se adopten criterios más ajustados a lo que, en la actualidad, constituye el estado del arte de la preservación patrimonial en la que la refuncionalización y la readecuación flexible de los usos de los bienes culturales no constituye un óbice para su declaratoria, sino, por el contrario, un reaseguro para su sustentabilidad y el mantenimiento de la memoria edilicia.
4. Destacar la importante contribución a la promoción al cine nacional –una industria cultural ampliamente premiada reconocida en el mundo- que realiza el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en el Cine Gaumont en un contexto caracterizado por la constante desaparición de salas de exhibición independientes.

El pasado 17 de abril los tambores volvieron a sonar en la vereda de la Casa Suiza , en Rodríguez Peña 254. La convocatoria coincidió con la celebración del Día del Afroamericano de Tronco Colonial y el Día Internacional de Patrimonio, y fue organizada por la Asociación Misibamba y las organizaciones Basta de Demoler y Vecinos de la Casa Suiza.

La Casa Suiza tiene una especial importancia para los afroargentinos porque fue la sede, entre 1920 y 1978, del Shimmy Cub, una asociación de afroporteños que celebraba ahí sus bailes de carnaval, que duraban ocho días.

Fundada en 1861 por la Sociedad Filantrópica Suiza, por su salón también pasaron artistas como Sandro, Carlos Gardel y hasta los Redonditos de Ricota. Además, funcionó como refugio de las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura militar. Desde 2009, sus puertas están cerradas, y su fachada Art Deco luce descascarada y abandonada.

De este modo la Casa Suiza es el último baluarte material e inmaterial de la ciudad directamente vinculado a los afroporteños, grupo no sólo preexistente a la nación sino presente desde la misma fundación de Buenos Aires. Paradójicamente los menos conocidos de nuestra identidad.

La vivienda en la que vivió el ex obispo católico Jerónimo Podestá deberá ser protegida ante posible derrumbe. Así lo ordenó el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Sheibler, dado el inminente avance de una construcción de diez pisos en un terreno lindero al lugar.

El magistrado ordenó al Gobierno de la Ciudad que en un plazo de diez días le envíen los informes de habilitación de la obra, que en la actualidad está en la fase de demolición previa a la construcción de la torre.

La decisión del juez es preliminar a una medida de amparo solicitada por la ONG SOS Caballito, que denunció la demolición sistemática de casas bajas en el tradicional barrio porteño para erigir torres, modificando la fisonomía y habitabilidad del lugar.

La propiedad ubicada en la avenida Gaona 1367 no se ve desde la calle y preserva una singular edificación, caracterizada por una estrecha fachada con una puerta de hierro que comunica –a través de un larguísimo pasillo– casi hasta el centro de la manzana, donde se alza lo que fue una casa de campo construida en 1864. La casa es habitada en la actualidad por Clelia Luro, viuda de Podestá, que a mediados de los años ’60 dejó la Iglesia Católica para casarse con su colaboradora en el Obispado de Avellaneda.

Luro dijo que éste “es un lugar con mucha historia”. “Llegamos aquí en 1980 y es para mí un espacio único, que deseo que sea abierto a todo el barrio para convertirlo en un museo.” Comentó que cuando empezaron a cavar en la obra lindera “la casa temblaba, se movía su cama”.

Como ocurre en otros casos, la denuncia destacó que la demolición es también contraria a la ley dado que se trata de una edificación previa a 1941 y al ser parte del patrimonio histórico no puede ser destruida.

Por último, en su resolución Sheibler ordenó al Ejecutivo porteño que “para que no se torne ilusorio el derecho que se pretende proteger, tome los recaudos necesarios para impedir cualquier acción que implique alguna alteración en el inmueble”.

Lo ordena un fallo para impedir que se modifiquen la fachada, el interior y hasta el mobiliario de la confitería de la calle Florida.

Un nuevo paso judicial prohíbe a los propietarios de la mítica confitería Richmond modificar su fachada y su estructura para instalar allí, como pretendían, un local de indumentaria deportiva.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó hace unos días la medida cautelar que ordenaba que tanto el propietario como los inquilinos de la confitería, situada en Florida al 400, debían abstenerse de “efectuar o continuar cualquier modificación, restauración o alteración” en la estructura y el frente del inmueble, incluido el mobiliario. Es decir, la Justicia rechazó la apelación presentada por Confitería Richmond Florida SA.

Los jueces Esteban Centanaro y Mabel Daniele consideraron en su fallo que resulta “aconsejable mantener los términos de la medida otorgada” en primera instancia por el juez Juan Lima, ya que la continuación de las actividades en el local podría implicar un “daño irreparable” por tratarse de un inmueble declarado patrimonio cultural de la ciudad.

La decisión judicial insta al gobierno a establecer una custodia policial durante las 24 horas para resguardar el inmueble.

La sentencia fue dictada después del recurso de amparo que presentó la diputada María José Lubertino (Frente para la Victoria) con el fin de proteger el valor histórico y cultural de la confitería.

Los 1500 metros cuadrados decorados al estilo inglés del emblemático café fueron escenario, el año pasado, de un conflicto de proporciones.

Después de que sus dueños lo vendieron para que un grupo inversor lo convirtiera en el Nike Store más grande de la ciudad, sus empleados tomaron el local hasta que los propietarios se comprometieron a pagarles las indemnizaciones correspondientes. El reclamo de los empleados derivó en una intermediación del Ministerio de Trabajo.

Luego de que se conociera el destino que quería darse a la legendaria confitería, Lubertino solicitó el dictado de una medida cautelar para que se ordenara el cese de las obras, así como la abstención “de realizar intervenciones sobre la decoración, ornamentación y de remover el mobiliario y equipamiento original existente, propias de los bares y de los espacios de acceso al público y sobre cualquier obra y/o elemento original que se encuentre en el local y a su vez restituir los que se hayan retirado”, según establece el fallo de Centanaro y Daniele.

“Recurrir a la Justicia es nuestra la última instancia, pero en los últimos años se ha convertido en algo habitual por la inacción del gobierno en la defensa del patrimonio”, lamentó el vicepresidente de la organización Basta de Demoler, Santiago Pusso. A su entender, el edificio cuenta con mayor protección pero el mayor riesgo está en el uso que pretender darse al local.

Según pasan los años

Clientes célebres
Bar notable
La Richmond fue inaugurada el 17 de noviembre de 1917 y sus mesas presenciaron lo más rico del debate del “Grupo Florida”, en el que se encontraban Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal y Oliverio Girondo.

Políticos y cine
Escenario de lujo
La confitería fue también sede de la Sociedad Rural Argentina y convocó a diversos políticos. También se utilizó como escenario para filmar la película La historia oficial.

Valioso interior
Mobiliario histórico
Es célebremente reconocida por su boisserie de roble de Eslavonia, sus sillas y sillones estilo Chesterfield tapizados en cuero, sus antiguas mesas de billar, sus mesitas Thonet y sus arañas de bronce y opalina traídas especialmente de Holanda.

Nuevos dueños, nuevo destino
Acelerada ley de protección
A mediados del año pasado, sus nuevos dueños decidieron instalar allí una sucursal de la cadena de indumentaria deportiva Nike. Después del revuelo que causó la decisión, la Legislatura porteña aprobó rápidamente la declaración de la confitería como patrimonio cultural, para que se impidiera la modificación del local y la reforma de su fachada. Sin embargo, la ley nunca fue promulgada por el Ejecutivo.

Adiós a una leyenda
Sin previo aviso
El domingo 14 de agosto de 2011, los propietarios vaciaron el local de su mobiliario y pintaron la vidriera de blanco para impedir que se viera el interior desde la calle. Al día siguiente, los empleados descubrieron el local cerrado sin previo aviso alguno y decidieron tomarlo hasta que se aseguraron el cobro de sus indemnizaciones..

La Justicia ratificó el amparo para proteger al Bar Notable de cualquier tipo de intervención hasta que se resuelva el juicio.
La Richmnond no se toca. Al menos por ahora. Así lo confirmó la Justicia al ratificar la medida cautelar para proteger el inmueble de la ex confitería de cualquier intervención, luego de que los actuales dueños apelaran el amparo presentado el año pasado. Mientras, el juicio contra los inversionistas para proteger la actividad sigue en curso.

“Con esta confirmación no se puede entrar al edificio, ni modificarlo, ni hacer refacciones, ni tocar su fachada, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, explicó la legisladora María José Lubertino (Frente para la Victoria). En este sentido, consideró que al tratarse de un Bar Notable y de un lugar considerado como patrimonio de la Ciudad, la actividad como local gastronómico también debe estar protegida: “El concepto de patrimonio debe aplicarse en su totalidad. Si el tango es considerado patrimonio intangible de la humanidad, entonces la actividad de estos bares también”.

La confitería, en Florida al 400, dejó de funcionar en agosto del año pasado en medio de una polémica sobre su uso y sobre su intempestivo cierre. Incluso los trabajadores del bar se enteraron de la noticia cuando un lunes a la mañana llegaron y el lugar estaba cerrado, con las puertas pintadas de blanco y sin muebles en su interior. El operativo de “desmantelamiento” se produjo un domingo por la madrugada. Y según trascendió, el grupo inversor que se quedó con la confitería se lo iba a alquilar a una importante marca de ropa deportiva. Los reclamos brotaron de todos lados: trabajadores que perdieron sus puestos, vecinos, políticos y ong’s que buscan resguardar el patrimonio porteño.

“El punto es debatir el alcance que tiene un lugar considerado como patrimonio, si además de la fachada y del edificio también se protege la actividad. Nosotros consideramos que sí. Y en el caso de los bares notables, la Ciudad debería promover alguna medida para ayudar a proteger estos espacios”, apuntó Lubertino.

El Juez Hugo Zuleta ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la inmediata suspensión de toda obra en la Plaza Intendente Torcuato de Alvear, relacionada con la construcción de la Estación Plaza Francia de la Línea H de subterráneos.

El Juez Hugo Zuleta (Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 10) hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Basta de Demoler y Sonia Berjman, y en consecuencia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) la inmediata suspensión de toda obra en la Plaza Intendente Torcuato de Alvear, relacionada con la construcción de la Estación Plaza Francia de la Línea H de subterráneos, hasta tanto se resuelva la acción de amparo.

Entre los fundamentos, el Juez esgrime que la Ley 317 que aprobó la traza de la línea H establece la ubicación de la Estación Plaza Francia “en la plaza homónima en inmediaciones de Av. Del Libertador y Facultad de Derecho”; y que SBASE pretende construir la Estación debajo de la Plaza Intendente Torcuato de Alvear.

Continúa que, además de no existir ninguna Ley que autorice tal modificación, existe una diferencia relevante entre ambas plazas: la Plaza Intendente Alvear forma parte del APH 14 que especifica que “en el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales”. También establece que “los jardines deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción. Se mantendrán los senderos existentes”.

Se fundamenta también que se realizaron 2 audiencias públicas, primeramente con motivo de la sanción de la ley 317, en 1998, y otra en 2001 en relación con la Ley 670, pero que ninguna de estas leyes contemplaba la construcción de la Estación PLAZA FRANCIA debajo de la Plaza Intendente Tocuato de Alvear.

Agrega que “tampoco se ha acreditado la imposibilidad de emplazar la estación en el lugar determinado expresamente por la Ley 317”, y que la invocación del interés público no puede justificar la violación de normas legales y constitucionales.

Se han sumado al pedido de amparo: Dip. Adrián Camps, Dip. María José Lubertino, Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y Dr. Andrés Gil Dominguez (profesor Facultad de Derecho UBA)